El decreto 672-26 emitido por el Poder Ejecutivo, e impulsado por el presidente Luis Abinader, ordena que las instituciones públicas concentren de forma exclusiva las contrataciones de programas sociales, alivio a la pobreza, alimentación, vestimenta, insumos escolares y salubridad en micro, pequeñas y medianas industrias del sector industrial nacional. La disposición se apoya en la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas y en el Decreto 52-26, bajo el argumento de dinamizar la economía local, fortalecer la producción nacional y fomentar empleos.
La decisión impacta de manera directa a entidades con alta incidencia social y presupuestaria, entre ellas el Ministerio de Educación, el INABIE, el SNS, el Gabinete de Políticas Sociales (Supérate), PROMESE-CAL, así como los ministerios de Defensa y de la Vivienda. El decreto también fija exclusividad para bienes y servicios de origen y manufactura dominicana y prohíbe intermediaciones no autorizadas, un punto que coloca el foco en la vigilancia de cómo se ejecutarán esas compras y quiénes quedarán en capacidad real de suplir al Estado.
Para participar, las empresas deberán tener el Registro Industrial de PROINDUSTRIA, la Certificación MIPYMES o MIPYMES Mujer del MICM y el Registro de Proveedores del Estado. A eso se suma una mesa de gobernanza y control. Con ese esquema, la medida no solo redefine el acceso a contrataciones sensibles, sino que deja abiertas exigencias de rendición de cuentas sobre su aplicación efectiva, los resultados concretos en programas sociales y la distancia entre el discurso de apoyo productivo y la ejecución real del gobierno.