La Dirección General de Impuestos Internos informó que encontró irregularidades por más de RD$1,500 millones en fiscalizaciones a negocios de propietarios chinos, aunque su director, Pedro Urrutia, precisó que ese monto no equivale a dinero ya ingresado al Estado, sino a ajustes tributarios determinados durante auditorías. Esa diferencia separa lo anunciado del resultado real para las finanzas públicas.
Urrutia explicó que las revisiones alcanzan a alrededor de 80 contribuyentes y van más allá del cumplimiento fiscal. La DGII también examina cómo operan esos establecimientos, quiénes son dueños de los locales y si disponen de los permisos estatales para construirlos. Según indicó, en varios casos los negocios funcionan en grandes instalaciones que, aparentemente, pertenecen a sus propietarios, pero esos activos no aparecen registrados dentro de las empresas que los administran.
El funcionario añadió que las compañías pueden presentar recursos de reconsideración, acudir a los tribunales o pactar acuerdos de pago, de modo que una determinación no se convierte de forma automática en deuda firme ni en ingreso para el Estado. El caso vuelve a poner bajo escrutinio la capacidad de Hacienda y de la administración tributaria para detectar irregularidades a tiempo, hacerlas exigibles y convertir la fiscalización en resultados concretos para la gestión pública.