José Antonio Kast removió este viernes al subsecretario de Justicia, Luis Silva, en plena controversia por la reducción de condenas otorgada a 56 personas sentenciadas por abusos sexuales y pederastia, además de procesados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet. La decisión, sin embargo, dejó al margen al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, aunque la gestión de los decretos firmados entre marzo y septiembre de 2026 quedó en el centro de la crisis.
La mayoría de los beneficiados recuperó la libertad, entre ellos al menos dos condenados por violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar. La salida de Silva fue interpretada como una respuesta parcial, mientras la oposición y sectores de la propia derecha oficialista mantienen la presión para que se aclaren las responsabilidades políticas por unas rebajas de penas que encendieron una fuerte alerta institucional.
La Presidencia informó que Silva será reemplazado por la abogada Josefina Soto, vinculada al centro de pensamiento del Partido Republicano y docente universitaria. Aun así, el relevo no despeja las preguntas sobre el manejo del caso: la controversia se agravó después de que el ahora exsubsecretario difundiera sin autorización un video en redes sociales para explicar la actuación del ministerio, en un episodio que, según medios locales, provocó el malestar de Kast. La oposición de izquierda ya anunció que presentará en los próximos días una solicitud de juicio político en el Parlamento contra el ministro.