Un proyecto de ley depositado en el Congreso Nacional propone crear un régimen especial para determinar, reconstruir la identidad y regularizar la documentación de personas que han vivido bajo una cédula de identidad dominicana y hoy siguen atrapadas en un limbo jurídico por impedimentos, suplantaciones o irregularidades de origen. La iniciativa, presentada por la diputada Maribel Almánzar de Ogando, sitúa al Estado frente a un problema que arrastra desde hace años y que aún repercute en derechos básicos.
El planteamiento legislativo afirma que normas anteriores, entre ellas la Ley núm. 169-14, dejaron fuera registros con falsedad de datos, y que esa omisión terminó afectando a personas que ya habían desarrollado una vida civil, familiar, laboral y económica en el país. El texto enumera efectos concretos: matrimonios, hijos declarados, propiedades, empleos y cuentas bancarias quedan en incertidumbre cuando documentos expedidos bajo presunción de legalidad son después cuestionados por las mismas instituciones.
La propuesta establece un mecanismo especial para renovar documentos y reconstruir identidad con base en principios constitucionales como dignidad humana, igualdad, nombre y personalidad jurídica. A la vez, el expediente opera como una advertencia institucional: reconoce que fallas históricas del Registro Civil dominicano contribuyeron a una crisis que hoy recae sobre ciudadanos, lo que refuerza la obligación del Congreso de fiscalizar y de la sociedad civil de vigilar una respuesta que no puede quedarse en discurso mientras persista la llamada “muerte civil” señalada en la propia iniciativa.