Con el liderazgo del presidente Luis Abinader, el Consejo Nacional de la Magistratura completó la integración de la Suprema Corte de Justicia con jueces de la carrera judicial, un mayor número de juezas y la entrada de una magistrada procedente del ejercicio profesional del derecho fuera de la carrera. Aunque el texto original resalta el resultado, la decisión devuelve al centro una demanda institucional: que una designación de este nivel no se valore por el entusiasmo oficial, sino por garantías reales de independencia y rendición de cuentas.
La discusión sobre la presidencia de la SCJ dejó también una diferencia significativa. Si bien se admite que muchos veían razonable escoger a un juez ajeno a la carrera para contrarrestar la endogamia de una justicia burocrática, al final fue seleccionado Justiniano Montero, descrito como un juez de carrera con experiencia y acreditación. Ese desenlace fue interpretado como la señal que Abinader buscaba enviar en favor de una justicia de carrera, pero justamente esa lectura política reforzada por el peso presidencial del proceso acrecienta la necesidad de vigilancia sobre decisiones que deberían quedar protegidas de cualquier sospecha de influencia.
El propio texto procura descartar que Abinader actuara presionado para no escoger a Fernando Langa y sostiene que su decisión obedeció a la convicción de hacer lo mejor para la SCJ. No obstante, al recordar que el presidente del CNM impulsó antes designaciones en las Altas Cortes con vínculos político-partidarios, profesionales o personales, la defensa termina destacando el punto más delicado: en materia judicial, el discurso de fortalecimiento institucional solo se sostiene si cada nombramiento resiste el escrutinio público más allá de la narrativa del poder.