La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) cuestionó el incremento del impuesto aplicado a las transferencias y cheques, al considerar que el ajuste de 0.15% a 0.20% en la Ley 30-26 encarecería las operaciones de personas y empresas y podría frenar el proceso de bancarización y digitalización.
De acuerdo con la posición expresada por la entidad, la medida tendría un impacto directo en el costo de transacciones cotidianas y empresariales, al trasladar una mayor carga a los usuarios del sistema financiero. En ese sentido, la discusión no se limita a un cambio técnico en la norma, sino a sus efectos sobre el bolsillo de los ciudadanos y sobre la expansión de los pagos formales.
La advertencia de la ABA se produce en un escenario en el que el Gobierno impulsa la modernización de los medios de pago y la formalización de más transacciones. Sin embargo, el incremento del impuesto abre interrogantes sobre si la política tributaria termina estimulando o desincentivando ese objetivo, especialmente cuando el costo adicional recae sobre quienes usan transferencias y cheques para mover recursos de manera habitual.
El planteamiento de la asociación coloca en el centro el debate sobre la conveniencia de subir la presión impositiva sobre operaciones financieras sin que se conozcan, en esta pieza, medidas compensatorias para aliviar el impacto en los contribuyentes o para evitar que el ajuste castigue el uso de canales bancarios formales.
La discusión también obliga a mirar el efecto ciudadano de la medida: un impuesto más alto sobre transferencias y cheques puede traducirse en mayores costos para hogares y negocios, además de debilitar el avance hacia una economía más digitalizada. Por eso, el cambio requiere una evaluación pública de su costo, su impacto real y su coherencia con las metas de bancarización.