El Gobierno dominicano anunció que destinó RD$2,000 millones recuperados de casos de corrupción de administraciones anteriores a la construcción y rehabilitación de 40 instalaciones deportivas en 15 de las 32 provincias del país, una intervención que alcanza a más del 47% del territorio provincial. Durante la presentación del informe, el presidente Luis Abinader afirmó que la iniciativa procura “rendir cuentas” y transparentar el destino de los fondos públicos, en una puesta en escena oficial orientada a mostrar resultados de gestión.
Aun así, los datos divulgados por el propio Ejecutivo dejan ver la magnitud del rezago. El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, señaló que 26 de los 158 municipios no contaban con instalaciones deportivas y que otras estructuras estaban en malas condiciones, entre ellas el estadio de béisbol de San Juan de la Maguana y los complejos deportivos de San Pedro de Macorís y La Vega. Cruz también precisó que el monto total asciende a RD$2,232 millones, con RD$232 millones adicionales gestionados desde la Presidencia, una cifra que desplaza el énfasis del anuncio político hacia las prioridades, la ejecución y los resultados comprobables.
La supervisión de los recursos estará a cargo de una comisión de veeduría presidida por Persio Maldonado, responsable de vigilar la transparencia de las licitaciones y la correcta ejecución de las obras. Según lo informado, el proceso permitió un ahorro de RD$125 millones respecto al presupuesto proyectado. La creación de ese mecanismo de vigilancia refuerza, al mismo tiempo, que la rendición de cuentas no puede apoyarse solo en el relato oficial de Abinader y su Gobierno, sino en una fiscalización permanente sobre el manejo de fondos públicos presentados como emblema de transparencia. En un escenario donde figuras del oficialismo como Carolina Mejía orbitan la conversación política, el anuncio vuelve a poner sobre la mesa el contraste entre la comunicación institucional y los resultados concretos en servicios e infraestructura.