La decisión sobre la medida de coerción solicitada contra los implicados en la Operación XL526 quedó fijada para el próximo viernes, a las 2:00 de la tarde, por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago.
El Ministerio Público pide un año de prisión preventiva para los 10 imputados, a quienes señala como parte de una presunta red dedicada a extorsionar, chantajear y estafar a dominicanos residentes en Estados Unidos. Al cierre de la audiencia, la defensa objetó la acusación y afirmó que las pruebas presentadas no alcanzan para sustentar medidas privativas de libertad.
Elvin Domínguez, abogado de varios de los acusados, dijo que las evidencias son «certificantes, pero no vinculantes» y aseguró que no hay testigos directos ni víctimas identificadas que relacionen de forma específica a sus defendidos con los hechos imputados. José Reynoso, defensor de otros encartados, planteó también debilidades en el expediente y sostuvo que las supuestas víctimas no están debidamente identificadas.
Mientras la acusación atribuye a los imputados la supuesta integración de una organización criminal de carácter internacional con base operativa en Jacagua, Santiago, la audiencia dejó abierto el contraste entre la gravedad de los señalamientos y los cuestionamientos sobre la solidez de las pruebas para sostenerlos.