La Cámara Minera y Petrolera (Camipe) volvió a poner sobre la mesa la necesidad de reformar la Ley Minera, tras admitir que el marco legal que regula la actividad en el país tiene más de cinco décadas de vigencia y ya no se ajusta a los retos actuales. En una entrevista con Listín Diario, su presidente, Pedro Esteva, y su director ejecutivo, Martín Valerio, sostuvieron que el debate debe encaminarse hacia una visión estratégica del sector, en medio de una normativa que, según explicaron, provoca interpretaciones contradictorias y hace más compleja su aplicación.
La organización afirmó que la reforma pretende agilizar los procedimientos de aprobación, incorporar tecnologías ya disponibles, reforzar los componentes medioambientales y conseguir que una mayor parte de los recursos de la minería llegue a las comunidades cercanas a las zonas de explotación. Asimismo, señaló que una nueva ley podría aportar tranquilidad a la población y disminuir la oposición a esta industria, al precisar mejor los términos de la actividad minera.
El planteamiento de Camipe también pone de relieve la dimensión institucional del atraso: Valerio indicó que la propuesta requiere un alto contenido constitucional, en especial respecto a la gestión del subsuelo, y defendió la definición de objetivos y objetos claros para evitar la discrecionalidad. Así, la discusión sobre la reforma no solo reabre el debate sobre el futuro del sector, sino también sobre la necesidad de mayor vigilancia y reglas claras desde el Congreso para cerrar la brecha entre el discurso de modernización y una ley de 1971 que continúa vigente.