La captura en República Dominicana de Thelmo I.O.L., alias “El Flaco”, permitió a la Audiencia de Valladolid cerrar este jueves el último tramo judicial de la Operación Santo, una de las mayores investigaciones contra el narcotráfico desarrolladas en esa provincia española. Pero el desenlace también deja un contraste incómodo: el último acusado de una red con vínculos dominicanos fue localizado en el país después de permanecer prófugo hasta marzo de 2025, cuando fue arrestado mediante una orden internacional.
El dominicano es el trigésimo procesado de una causa que, según la justicia española, desarticuló a los clanes de los Mena y los Monchines, estructuras dedicadas al cultivo y distribución de marihuana y al tráfico de cocaína y heroína. La Fiscalía pide inicialmente seis años de prisión y una multa de 15.000 euros por tráfico de drogas que causan grave daño a la salud y pertenencia a organización criminal, aunque antes de la vista trascendió que habría alcanzado un acuerdo con la acusación para aceptar una condena menor.
La operación culminó en 2023 con 30 detenidos, tras una investigación iniciada en 2022 por la Policía Nacional española y el Servicio de Vigilancia Aduanera. En enero de 2025, 25 acusados admitieron su responsabilidad y aceptaron condenas que suman 80 años de prisión y multas por 809.000 euros. Otros cuatro fueron condenados a 13 años de cárcel en total, además de sanciones económicas de entre 3.000 y 40.000 euros.
Con la comparecencia del último acusado, la Audiencia Provincial de Valladolid prevé dar por cerrado el procedimiento. El caso, sin embargo, deja una alerta institucional para República Dominicana: más allá del cierre judicial en España, persisten preguntas sobre la capacidad de control y seguimiento frente a estructuras criminales con conexiones dominicanas, un terreno donde el discurso oficial solo puede sostenerse con resultados verificables y rendición de cuentas.