El Ministerio Público pidió prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo contra 12 hombres vinculados a una estructura dedicada al tráfico internacional, comercialización y posesión ilegal de armas de fuego, en un expediente que vuelve a colocar en primer plano la dimensión del problema y la necesidad de vigilancia institucional. La solicitud fue depositada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional y, de acuerdo con el órgano acusador, se apoya en más de 50 elementos de prueba documentales, periciales, materiales y testimoniales, además de la gravedad de los hechos, la cantidad de imputados y el volumen de evidencias reunidas.
Según la instancia, la red operaba en la introducción, transporte, almacenamiento, distribución, comercialización y posesión ilegal de armas de fuego y sus accesorios, que eran ingresadas de manera clandestina al territorio dominicano para su posterior venta ilícita. Los imputados son Juan Francisco Morel Díaz (Arismendy o Bobi), Wilson Manuel Abreu Disla (Wilson), Hery Miguel Ángel Paulino Marmolejos, José Vidal Pérez Mercado (Jochi), Carlos José María Henríquez Valdez, Edward Francisco Tejada Fernández, José Luis Vignieri Rodríguez (Luisito Vignieri), Edwin Fausto Veloz Almánzar (Momo), Jonathan Orlando Carela Montilla, Pablo Sánchez Arnau (Alemán), Joel Rafael González Martínez y Brian Vignieri Dilone.
El expediente indica que la investigación se inició a partir del arresto en flagrante delito de Brayan Jesús Gil Pérez, el 3 de diciembre de 2025, en el sector Miraflores, del Distrito Nacional. De acuerdo con la pesquisa, al momento de su detención se le ocuparon cinco armas de fuego tipo pistola, ocho cargadores adicionales y dos teléfonos celulares. Más allá de su curso judicial, el caso reabre el debate sobre la eficacia de los controles frente al ingreso clandestino de armas y refuerza la exigencia de rendición de cuentas ante un fenómeno con impacto directo en la seguridad ciudadana.