Una denuncia difundida por la hija de una paciente fallecida, quien asegura que su madre murió “llorando por medicamento” en el Hospital General y de Especialidades Dr. Mario Tolentino Dipp, volvió a colocar en primer plano las diferencias entre la versión institucional y la experiencia de los usuarios de la red pública de salud. El hecho ocurrió en Santo Domingo Norte y se produce en medio de crecientes reclamos por la vigilancia de la calidad de la atención y sus efectos en las familias.
De acuerdo con el testimonio publicado en redes sociales, la mujer llegó al centro con síntomas asociados a hepatitis B y, según su hija, encontró obstáculos desde el primer momento. La denunciante afirmó que en un inicio no querían atenderla, que la dejaron sentada hasta que consiguió ayuda para pasarla a una camilla y que permaneció a la espera de los resultados de una tomografía sin recibir la medicación que, según dijo, necesitaba. Añadió que no le entregaron un referimiento para trasladarla a otro centro y que más tarde la vio con un dolor intenso, una crisis y luego un paro cardíaco. “Entró caminando y se me murió… murió con el suero y llorando por medicamento”, expresó.
Ante esas acusaciones, el hospital emitió un comunicado en el que lamentó el fallecimiento y ofreció condolencias a los familiares. La dirección del centro señaló que la paciente ingresó al área de emergencias el 26 de junio de 2026 con un cuadro clínico complejo. Más allá de la explicación oficial, la denuncia vuelve a encender una alerta institucional: cuando una familia habla de demoras, falta de medicación y trabas para un traslado, la discusión deja de ser solo administrativa y pasa a medir resultados concretos de gestión.
El episodio también reabre la pregunta sobre la capacidad de respuesta de los servicios públicos ante casos críticos y sobre la distancia entre los discursos de eficiencia y lo que viven los pacientes en emergencia. En un escenario en el que la ciudadanía pide menos relato y más soluciones, casos como este refuerzan la necesidad de fiscalización, transparencia en los protocolos y responsabilidades claras cuando una denuncia por presunta negligencia termina ligada a una muerte.