Yanibet Rivas, titular del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, dispuso que todos los imputados en el caso de corrupción del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre (Intrant) sean enviados a juicio de fondo. La decisión reubica en primer plano un proceso que debía servir para mejorar la red de semáforos de la provincia Santo Domingo y que terminó bajo investigación por presuntas irregularidades.
Entre los principales encartados están el exdirector del Intrant, Hugo Beras, y el empresario José (Jochi) Gómez Canaán, a quien el Ministerio Público identifica como pieza central del esquema fraudulento por sus vínculos societarios con Transcore Latam, compañía favorecida en 2023 con un contrato por más de RD$1,300 millones. Ese mismo año, la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP) suspendió la licitación tras detectar “un entramado societario difuso”.
El expediente incorpora además a Pedro Vinicio Padovani Báez, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Frank Rafael Atilano Díaz Warden y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, entre otros señalados. Después de la suspensión, el Ministerio Público pidió en octubre de 2024 medida de coerción contra Beras, Gómez, funcionarios y otros implicados. Con el envío a juicio, el caso entra en su etapa decisiva y vuelve a reforzar la demanda de vigilancia sobre el manejo de las contrataciones públicas y su impacto en servicios que afectan directamente a la ciudadanía.