El envío a juicio de fondo de Antonio Espaillat y Maribel Espaillat por el caso Jet Set coloca en una nueva fase uno de los expedientes más sensibles del país y devuelve al centro del debate las fallas que rodearon la tragedia. El juez Reymundo Antonio Mejía Zorrilla, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, determinó que la acusación del Ministerio Público reúne méritos suficientes para ser conocida en un juicio oral, público y contradictorio.
La decisión mantiene la calificación jurídica de homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, así como la medida de coerción de garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica. Aunque el envío a juicio no equivale a una condena, sí implica que otro tribunal deberá examinar pruebas, escuchar testigos y peritos, y establecer si existe responsabilidad penal por el colapso del techo del Jet Set Club, ocurrido el 8 de abril de 2025.
El caso dejó 236 personas fallecidas y más de 180 heridas durante una actividad artística, y desde entonces ha expuesto un debate nacional que va más allá de los imputados: la seguridad estructural, la fiscalización estatal, los derechos de las víctimas y las garantías judiciales. La apertura del juicio de fondo vuelve a poner bajo escrutinio si, frente a una tragedia de esta magnitud, las instituciones han estado a la altura de las exigencias de control y rendición de cuentas.