La investigación del Ministerio Público sobre el caso Onco 14 reabre la alarma sobre los controles en servicios sensibles de salud, al atribuir a tres imputados una afectación contra el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer mediante maniobras fraudulentas en el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC). El órgano acusador pidió 18 meses de prisión preventiva y que el proceso sea declarado complejo, al sostener que se sustrajeron fondos millonarios del Seguro Nacional de Salud (Senasa) en perjuicio de pacientes de cáncer del régimen subsidiado y del Estado dominicano.
La instancia depositada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago señala a Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo de la asociación sin fines de lucro Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC; a Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida; y a Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, exvicepresidenta y auditora interna y externa del patronato cuando este presidía la ASFL.
Según el Ministerio Público, entre las maniobras figuran el uso de habitaciones del oncológico para cirugías estéticas, venta de medicamentos donados, fraude clínico y farmacéutico mediante cambio de indicaciones médicas, uso de sellos médicos falsos, doble facturación al Senasa, entrega incompleta de medicamentos, además de gastos de representación ilegítimos, reembolsos fraudulentos de viajes y hoteles, sabotaje digital, robo de archivos y lavado de activos. El caso coloca el foco en la necesidad de fiscalización y rendición de cuentas en instituciones que manejan recursos públicos y atienden a pacientes de alta vulnerabilidad.