En Santiago, la solicitud de medida de coerción en la Operación XL-526 fue aplazada otra vez luego de que abogados de varios imputados pidieran al tribunal dejarla sin efecto por presuntas violaciones de derechos fundamentales durante los arrestos. La jueza Yiberty Polanco, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, reenviò el conocimiento del caso para el lunes 15 de junio.
La defensa afirma que hubo irregularidades en la forma en que se hicieron las detenciones, en el tiempo que algunos acusados permanecieron incomunicados y en el supuesto retraso para ser presentados ante un juez. Miguel Díaz, abogado de uno de los procesados, explicó que presentaron un pedimento de carácter constitucional para anular la coerción solicitada por el Ministerio Público. «Nosotros estamos pidiendo que se anule esta medida de coerción por todas las violaciones de derechos fundamentales que se han enumerado», expresó.
A esas objeciones se sumó Elvin Domínguez, representante legal de cinco de los 10 imputados, quien respaldó el incidente por alegadas vulneraciones a garantías básicas. Según la defensa, algunos detenidos estuvieron en la Fortaleza Fernando Valerio sin comunicación con familiares o abogados y su acceso a asistencia legal no fue inmediato. El nuevo aplazamiento pone el foco sobre el manejo del proceso y reabre cuestionamientos sobre si la actuación de las autoridades se ajustó a las garantías que deben regir incluso en casos de alto perfil.