La República Dominicana aparece en un informe reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) entre los países que han desarrollado políticas públicas para enfrentar las uniones infantiles, tempranas y forzadas y su relación con el embarazo en adolescentes. Pero el mismo análisis subraya que se trata de un fenómeno que persiste en la región y que requiere respuestas integrales, intersectoriales y con enfoque territorial, una señal de que el desafío sigue abierto más allá del reconocimiento institucional.
En el caso dominicano, el estudio “Matrimonios y uniones infantiles en América Latina y el Caribe: de los datos a la acción pública” identifica elementos de la Política de Prevención y Atención a las Uniones Tempranas y el Embarazo en Adolescentes (PPA) como experiencia útil para la formulación de políticas públicas. Entre los puntos observados figuran la coordinación interinstitucional, la planificación de acciones y la aplicación de medidas en territorios con mayor incidencia, bajo mecanismos de articulación en los que participan el Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), un esquema que también coloca el foco sobre la necesidad de seguimiento y rendición de cuentas sobre su ejecución real.
Los datos oficiales citados en el comunicado reportan una reducción de los embarazos en adolescentes, de 27,476 casos en 2021 a 16,481 en 2025. Sin embargo, el propio texto advierte que esa evolución debe analizarse tomando en cuenta la metodología y la cobertura de los registros estadísticos utilizados en cada período. La Oficina Nacional de Estadística (ONE), de hecho, ha publicado infografías periódicas a partir de datos del sistema de salud, un elemento que vuelve central la revisión de resultados verificables y no solo del diseño de la política.