La convocatoria a un paro nacional de 24 horas del Colegio Médico Dominicano (CMD) para este lunes 7 de julio colocó el caso de los doctores William y Franklin Almánzar en el centro de una alerta institucional. Además de la acusación por presunta mala práctica médica, el gremio cuestionó la forma del arresto y las explicaciones que, a su juicio, siguen pendientes sobre un procedimiento que terminó, según denunció, afectando la salud del pueblo.
Luis Peña Núñez, presidente del CMD, tildó el apresamiento de “atropello” y criticó que William Almánzar fuera buscado en la clínica con el DICRIM sin haber sido citado antes. “No vamos a permitir este tipo de atropellos, porque esto atenta contra la salud del pueblo. Una simple denuncia querella se convirtió en un apresamiento”, afirmó, al sostener que se vulneraron derechos fundamentales. Luego agregó: “Los abusos de poder no es verdad que lo vamos a permitir”.
Desde La Vega, el presidente de la seccional del CMD, Miguel Tevenín, confirmó que el médico permanece detenido en el Dicrim y rechazó el manejo dado al caso. En la misma línea, el doctor José Domínguez consideró que una acusación de esta naturaleza, a su juicio, no debió seguir la vía penal sino la civil, y reprochó que se actuara “como si fuese un delincuente cualquiera”.
La protesta del gremio abre un frente que rebasa el expediente judicial: cuando una denuncia termina en un conflicto nacional con paro médico, el problema deja de ser solo legal y pasa a ser también de gestión, confianza y costo social. El caso obliga a rendir cuentas sobre el uso del poder en procedimientos sensibles y sobre las consecuencias que esa forma de actuar traslada a los pacientes.