El sábado 31 de octubre, el Colegio de Notarios elegirá a su próximo presidente y al Consejo Directivo correspondiente al periodo del 7 de enero de 2027 al 7 de enero de 2029. La convocatoria, sin embargo, llega en un ambiente lejos de la rutina, porque el propio proceso ha adquirido peso por la carga acumulada tras una etapa descrita como diez años de incapacidad y desorden institucional.
De acuerdo con el resumen, ese interés poco común dentro y fuera del gremio se explica por el deterioro atribuido a las gestiones de Pedro R. Montero y Laura Sánchez, a quienes se les responsabiliza de haber llevado a la clase notarial “casi al borde del abismo”. La pieza afirma que, desde la promulgación de la Ley 140-15 el 7 de agosto, la institución fue administrada como un “Club Privado” al servicio de un grupo reducido, en contraste con el rol institucional que debía asumir.
La denuncia se amplía con la versión de que contratos que el Estado, en cumplimiento de la Ley 140-15, debía canalizar a través del Consejo no habrían llegado a la base del notariado, sino que se distribuían entre integrantes del Consejo Directivo, en violación del artículo 12 de esa norma. Así, las elecciones aparecen no solo como un relevo interno, sino como una prueba de vigilancia y control sobre una estructura cuestionada por su falta de transparencia y por el efecto que, según el texto, tuvo en la calidad de vida de los notarios por la ausencia de trabajo.