Las condenas dictadas esta semana en el caso Coral y Coral 5G volvieron a colocar bajo escrutinio una de las respuestas más recordadas del poder ante las denuncias sobre manejo de recursos públicos: “¿Cuál corrupción?”. En 2016, mientras diversos sectores advertían irregularidades, el entonces presidente Danilo Medina respondió con esa frase, utilizada por sus seguidores para sostener que la gestión estaba libre de actos ilícitos.
El fallo del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional marca ahora un fuerte contraste con aquel discurso. El tribunal condenó a 20 años de prisión al mayor general Adán Cáceres Silvestre, al general Juan Carlos Torres Robiou y al coronel de la Policía Nacional Rafael Núñez de Aza, tras hallarlos culpables de integrar un entramado de corrupción y lavado de activos que desfalcó al Estado dominicano con miles de millones de pesos. También fueron condenados a 15 años de prisión el general Julio Camilo de los Santos Viola y la pastora Rossy Guzmán.
Además, recibieron condenas de 10 años de prisión Esmeralda Ortega Polanco, Boanerges Reyes Batista, José Manuel Rosario Pirón, Kelman Santana Martínez y Franklin Antonio Mata Flores. Más que cerrar un expediente judicial, la sentencia reactiva la exigencia de vigilancia sobre el uso de los fondos públicos y deja en evidencia el costo institucional de ignorar a tiempo las alertas sobre corrupción.