El Banco Central ha venido difundiendo mensajes optimistas sobre crecimiento, estabilidad macroeconómica y expectativas de expansión, pero en ese relato el encarecimiento de la vida cotidiana queda relegado. Más que una cuestión de forma, esa diferencia deja ver una prioridad oficial poco alineada con el costo real que enfrentan los hogares.
Los datos oficiales, además, obligan a una lectura menos favorable. En mayo de 2026, la inflación interanual se ubicó en 5.35 %, la acumulada en 1.50 %, la mensual en 0.31 % y la subyacente en 4.86 %. Con ello, la inflación permaneció por segundo mes seguido por encima del techo del rango meta establecido en 4 %, más o menos 1 %, una señal que afecta el ingreso real y desmiente cualquier intento de presentar el problema como una nota menor dentro del panorama económico.
La canasta básica también continuó al alza. Entre enero y mayo pasó de RD$48,734.28 a RD$49,268.36, para un aumento de RD$534.08, equivalente a 1.1 %. En el papel puede lucir limitado; en la práctica significa pagar más por lo mismo y, muchas veces, pagar más para llevar menos. El impacto se extendió, además, a toda la estructura social: hubo incrementos en todos los quintiles de ingreso, con mayores alzas en la región este, donde la canasta subió RD$681.43; en la región norte, RD$591.94; y en la región Ozama, RD$552.34.
El Banco Central mantuvo la Tasa de Política Monetaria en 5.25 % y señaló que la misión del FMI proyecta un crecimiento en torno a 4 % para 2026. Ambas referencias pueden convivir, pero justamente ahí surge la alerta institucional: una economía no se mide solo por el optimismo de sus informes, sino por su capacidad de proteger el poder de compra. Cuando el mensaje oficial privilegia la vitrina macroeconómica y deja en un párrafo el deterioro del consumo básico, lo que corresponde no es la celebración, sino la fiscalización.
Ese contraste entre discurso y realidad alimenta el desgaste de la gestión económica: si el costo de vida sube en todo el país y para todos los niveles de ingreso, la discusión pública no puede seguir atrapada en indicadores que no alivian la compra de alimentos ni corrigen la presión sobre los hogares. La prioridad ciudadana está en los precios, y cualquier narrativa que intente desplazar ese dato central solo refuerza la necesidad de rendición de cuentas sobre resultados concretos, no sobre expectativas.