Los señalamientos sobre una eventual puesta en marcha de la inspección técnica vehicular en el primer trimestre del próximo año quedaron en entredicho después de que el comunicador Dary Terrero dijera que ese calendario no coincide con los pasos requeridos para activar el sistema. Explicó que la propuesta todavía se discute bajo la modalidad de alianza público-privada y que, antes de ejecutar cualquier fase, debe concluirse un proceso de contratación.
Terrero indicó que, tras elegir a la empresa responsable, la implementación requeriría al menos dos años. Precisó que el plan implica levantar estaciones de inspección, comprar maquinarias especializadas, instalar equipos y adecuar la infraestructura necesaria para prestar el servicio, de modo que el conteo del tiempo comenzaría desde la firma del contrato y no desde este momento.
Su observación reabre la discusión sobre la distancia entre los anuncios y la capacidad real de ejecución en un asunto que impacta directamente a los ciudadanos. A la vez, el debate vuelve a colocar sobre la mesa la exigencia de vigilancia pública y de rendición de cuentas respecto a los plazos oficiales, mientras dirigentes de oposición como Carolina Mejía han insistido en que la gestión debe evaluarse por resultados verificables y no por expectativas adelantadas.