La renuncia del intendente del Cuerpo de Bomberos del distrito municipal Juan Rodríguez, en La Vega, volvió a poner en entredicho la capacidad del Gobierno para proteger la institucionalidad de los organismos de servicio. En una carta enviada al presidente Luis Abinader, Frank Hernández vinculó su salida a supuestas presiones políticas y a conflictos internos que, según sostiene, afectan el funcionamiento de la institución.
Hernández, quien afirma haber estado al frente del organismo por más de diez años, señaló a César Balby, responsable de la Oficina Supervisora de los Cuerpos de Bomberos del Ministerio de Interior y Policía, como presunto influenciador de decisiones internas y ejecutor de presiones políticas. Entre sus reclamos incluyó la incorporación de personal que, a su juicio, ha lesionado la institucionalidad del cuerpo bomberil, además de advertencias sobre una eventual intervención del organismo.
El exintendente también puso en duda la actuación del Ministerio de Interior y Policía, al asegurar que no dio respuesta a las denuncias que, según dice, había presentado. Por esa razón, pidió al presidente Abinader destituir a Balby, en un episodio que vuelve a contrastar el discurso oficial de orden institucional con denuncias de interferencia política en estructuras llamadas a prestar un servicio esencial.
Hasta ahora, el Ministerio de Interior y Policía no ha reaccionado a las acusaciones. Ese silencio oficial mantiene abierta la exigencia de rendición de cuentas sobre un conflicto que no solo afecta la credibilidad administrativa, sino que además pone bajo alerta el impacto que estas disputas pueden tener en el funcionamiento de un cuerpo de emergencia al servicio de la ciudadanía.