La resolución judicial que excluyó del expediente a los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, a través de un No Ha Lugar, supuso un golpe político para el Partido Revolucionario Moderno (PRM), que había hecho de la lucha contra la corrupción y el fin de la impunidad dos de los ejes principales de su propuesta electoral, sustentada en la idoneidad de un Ministerio Público independiente. En sentido contrario, el fallo se lee como una victoria política para el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que venía sosteniendo denuncias de judicialización de la política en su contra.
Al mismo tiempo, la decisión refuerza al expresidente Danilo Medina y al PLD, que insistían en que existía una persecución política dirigida a perjudicar la marca del partido morado desde su salida del poder en 2020. Así, el caso deja de ser solo una bandera del discurso oficial y pasa a concentrar cuestionamientos por la distancia entre la narrativa gubernamental y el desenlace judicial de uno de los expedientes más emblemáticos.
La polémica creció con el comunicado de la embajadora de Estados Unidos, Leah Francis Campos, quien reprochó la manipulación de la justicia con fines políticos y advirtió sobre sus efectos en la integridad institucional. A ello se añadió la información divulgada por Castillo en sus redes sociales sobre la restitución de una visa de diez años que le había sido cancelada, un elemento que vuelve a poner bajo escrutinio el manejo político de procesos que el oficialismo presentó como muestra de su compromiso con la transparencia.