La solicitud de 18 meses de prisión preventiva contra tres implicados en el escándalo del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC) vuelve a colocar bajo presión la vigilancia sobre entidades vinculadas a servicios sensibles. El Ministerio Público sostiene que una presunta estructura de fraude habría operado desde ese centro, afectando al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y al Seguro Nacional de Salud (Senasa) mediante diversas maniobras fraudulentas.
El expediente fue depositado ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, junto con la petición de que el proceso sea declarado complejo. La medida de coerción fue solicitada contra Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo de la Asociación Sin Fines de Lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC; Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida; y Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, exvicepresidente y quien fungió como auditora interna y externa del patronato que administra el instituto cuando el imputado era presidente de la ASFL.
La solicitud fue presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), junto con representantes del Ministerio Público en Santiago, después de los arrestos realizados durante la Operación Onco14. El caso reabre el foco sobre los controles en instituciones que manejan recursos y servicios ligados a pacientes con cáncer, en un escenario que ahora exige seguimiento judicial y rendición de cuentas por el alcance de las maniobras investigadas.