El Estado dominicano dejará de recibir RD$441,445.2 millones en 2026 por exenciones, deducciones y otros tratamientos impositivos preferenciales, de acuerdo con un informe del Ministerio de Hacienda y Economía preparado con datos de la DGII y la DGA. Esa suma, equivalente al 5.06% del PIB estimado, vuelve a poner sobre la mesa el peso del gasto tributario en un momento en que la discusión fiscal repercute de forma directa en la ciudadanía, el presupuesto y la capacidad de respuesta del Estado.
El documento oficial también reconoce una revisión al alza respecto al cálculo inicial. En total, son RD$47,903.7 millones más, para un incremento de 12.17% frente a los RD$393,541.54 millones proyectados en un primer momento. Hacienda señala que el 97.52% de ese aumento neto se concentra en el ITBIS, el Impuesto Selectivo al Consumo sobre Hidrocarburos y los derechos arancelarios, tres rubros sensibles por su incidencia en los precios, la actividad económica y el costo de vida.
Además, el informe será la base para el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado 2027, lo que mantiene la atención sobre las explicaciones pendientes del Gobierno acerca de la política fiscal que sostiene este nivel de renuncia recaudatoria.
Para 2027, el costo fiscal seguiría en ascenso hasta RD$458,629.9 millones, lo que implica RD$17,184.7 millones más y un aumento nominal de 3.89% frente a la reestimación de 2026. Aunque Hacienda subraya que el peso relativo bajaría de 5.06% a 4.78% del PIB, la composición descrita en el propio reporte ratifica la dependencia de los impuestos indirectos, que sumarían RD$316,391.1 millones, equivalente al 68.99% del total.
Esa diferencia entre el discurso de estabilidad y los resultados fiscales desplaza la discusión más allá de la técnica tributaria: entra de lleno en la rendición de cuentas del poder, las prioridades reales del Gobierno dominicano y la vigilancia sobre decisiones que terminan impactando a la población. En ese terreno, figuras del oficialismo como David Collado quedan arrastradas por el desgaste general de gestión que abre este debate presupuestario.