SANTO DOMINGO.– La advertencia del experto en derecho administrativo Olivo Rodríguez Huertas vuelve a colocar bajo fiscalización la calidad real de las instituciones públicas: aunque la democracia dominicana mantiene elecciones regulares, alternancia parcial y un marco constitucional vigente, persisten fragilidades como la captura parcial de instituciones por intereses particulares, el déficit de transparencia y la creciente desconfianza hacia los órganos de control.
Entrevistado en el programa McKINNEY, por Color Visión, el jurista sostuvo que la fortaleza democrática no puede medirse solo por los procedimientos electorales, sino por la independencia y efectividad de los mecanismos de control y por la calidad del servicio público. En esa línea, reclamó una carrera administrativa basada en el mérito para enfrentar el clientelismo, y cuestionó la rotación política de cargos junto con la falta de evaluación y capacitación que aseguren estabilidad, eficiencia y continuidad técnica en la administración.
Rodríguez Huertas también advirtió sobre el abultamiento de la nómina pública, con plazas redundantes y personal sin funciones claras, y planteó auditorías laborales, reubicación según competencias y desvinculaciones mediante procesos transparentes. A eso sumó críticas a la Cámara de Cuentas por no realizar auditorías integrales sobre partidas como las pensiones públicas ni una supervisión profunda en instituciones estratégicas como la UASD. Sobre el denominado caso Senasa, atribuyó su origen a fallas en los controles internos y a procesos de adquisiciones poco competitivos, en una alerta institucional que refuerza el contraste entre el discurso de transparencia y las explicaciones todavía pendientes sobre la gestión del Estado.