El alto mando de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional mantiene un manejo desigual ante procesos penales, con efectos institucionales y presupuestarios que vuelven a poner bajo escrutinio la forma en que se administra el régimen disciplinario. En el denominado “Caso Coral”, los oficiales encabezados por el exjefe del CUSEP, mayor general Adam Cáceres, han recorrido las etapas del sistema penal ordinario y, pese a una condena en primer grado dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, continúan como oficiales activos suspendidos y perciben sus salarios base, bajo el criterio de que la separación definitiva requiere una sentencia irrevocable.
El contraste aparece en expedientes que no alcanzan atención mediática. En esos casos, oficiales subalternos, superiores y alistados son cancelados o retirados de inmediato con la sola imposición de una medida de coerción ordinaria, como presentación periódica o garantía económica, o a partir de un informe de una comisión investigadora interna, sin esperar apertura a juicio ni recursos de apelación o casación.
La dualidad procedimental no solo abre un debate sobre debido proceso y presunción de inocencia, sino que también arrastra consecuencias legales para el Estado. Según el texto, esta práctica provoca que el Tribunal Superior Administrativo falle de manera constante a favor de los desvinculados por violación al debido proceso, en un escenario que refuerza las exigencias de fiscalización sobre decisiones administrativas que terminan impactando tanto la institucionalidad como el uso de recursos públicos.