SANTIAGO DE CHILE. – El Gobierno de José Antonio Kast dio a conocer que está revisando las pensiones de gracia concedidas por administraciones previas a víctimas de la represión policial durante las protestas de 2019, una decisión que salió a la luz pública solo después del arresto de un joven por un presunto delito de tráfico de drogas que hasta enero recibía ese beneficio estatal.
Máximo Pavez, subsecretario del Interior, señaló que el análisis se puso en marcha en marzo, al comienzo del mandato, y lo calificó como una «mínima responsabilidad» respecto de los recursos entregados por gracia presidencial. Pese a ello, el caso que provocó la divulgación de esta revisión deja abiertas preguntas sobre los mecanismos de control, la transparencia del proceso y las razones por las que al joven le fue retirada la pensión, algo que, según el propio Gobierno, todavía se desconoce.
Según la prensa local, el joven había sido herido de bala durante una manifestación en 2019 en Ovalle, lesión que le causó una fractura en el pubis. Por ese episodio, un capitán de Carabineros fue condenado en 2022 a seis años de prisión por homicidio frustrado. A la vez, la revisión se produce en medio de la línea política de Kast, quien ha descrito las protestas como «estallido delictual» y ha admitido que estudia indultar a militares y policías condenados por la represión, un contraste que vuelve a centrar la atención sobre las prioridades oficiales frente a las secuelas del estallido social.