Al asegurar que el Gobierno no contempla impulsar una reforma fiscal, la vicepresidenta Raquel Peña remarcó este miércoles la postura ya fijada por el presidente Luis Abinader: “El presidente lo dijo: no reformas”. La declaración llegó mientras reconocía que el país afronta presiones económicas ligadas al contexto internacional y al aumento del precio del petróleo, un factor que, según explicó, afecta tanto las finanzas públicas como el costo de vida.
Peña indicó que el Presupuesto Nacional fue elaborado tomando como referencia cerca de US$60 por barril, mientras que la cotización reciente se ha situado en torno a US$88. Esa brecha, sostuvo, eleva el costo de la energía y empuja al alza otros bienes y servicios. Ante ese panorama, defendió la respuesta del Poder Ejecutivo mediante subsidios “puntualizados” y aseguró que el manejo del precio de los combustibles seguirá siendo una prioridad, con el argumento de amortiguar el impacto externo sobre los sectores más vulnerables.
En cuanto a la reforma laboral, la vicepresidenta afirmó que el Gobierno mantendrá abiertas las conversaciones con los distintos sectores para que cualquier medida tenga como resultado final un beneficio directo. Así, el Ejecutivo insiste en la vía del diálogo mientras deja sobre la mesa un cuadro de presión económica que ya reconoce efectos sobre el presupuesto y sobre los hogares, especialmente los de menores ingresos.