La propia radiografía publicada en junio de 2026 por el Ministerio de Hacienda y Economía coloca bajo escrutinio la situación económica de la frontera: en 2024 la zona registró 2,033 micro, pequeñas y medianas empresas, apenas el 1.7% del total nacional. Además, el 76.9% de esas mipymes se concentra en la frontera norte y Monte Cristi reúne por sí sola el 38%, una distribución que vuelve a poner sobre la mesa la desigualdad territorial y la necesidad de explicaciones sobre los resultados de la gestión pública en esa franja del país.
Según el informe, el 37.9% de las mipymes fronterizas opera en comercio y reparación de vehículos, seguido por alojamiento y servicios de comida, con 11.7%, y agricultura, ganadería y pesca, con 10.8%. El mismo documento reconoce que las empresas de la zona se concentran principalmente en sectores de baja productividad, una admisión oficial que contrasta con el discurso de desarrollo y obliga a fiscalizar qué políticas han sido realmente efectivas para cambiar la base económica de la frontera. Aunque se incorporaron 95 nuevas unidades en comercio y reparación de vehículos y 41 en agricultura, el dato no borra las brechas que Hacienda identifica para este segmento.
La presión sobre la vida cotidiana también aparece en la movilidad. Con datos de la DGII, el informe “Caracterización del Parque Vehicular en la Zona Fronteriza a mayo de 2026” señala que las motocicletas representan el 81.2% del parque vehicular regional, muy por encima del 57.9% nacional. El documento advierte desafíos en transporte colectivo e infraestructura vial, mientras la zona fronteriza concentra 261,710 vehículos de un parque nacional de 6,640,871 unidades. Incluso con un crecimiento de 18.8% de las mipymes entre 2021 y 2024, los propios datos oficiales dejan abierto el reclamo de rendición de cuentas sobre por qué el avance sigue atado a baja productividad, rezago territorial y mayores costos sociales para la población.