El hacinamiento de personas detenidas en la jurisdicción de Santo Domingo Este volvió a colocar bajo escrutinio el funcionamiento real del sistema de justicia, en medio de cuestionamientos sobre su capacidad de respuesta. El abogado Jeswa Sánchez sostuvo que la situación no puede atribuirse de manera exclusiva al Ministerio Público, sino que compromete a todo el engranaje institucional que interviene en el proceso.
Según explicó, el Ministerio Público presenta a los detenidos ante el juez competente dentro de las 48 horas que establece el Código Procesal Penal, mientras corresponde al juez decidir sobre la legalidad de la detención y las medidas de coerción. Sánchez advirtió que Ministerio Público, Poder Judicial, Defensa Pública, abogados particulares, Policía Nacional y la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales forman parte de un mismo proceso, por lo que una falla en cualquiera de esos eslabones termina impactando al conjunto.
El jurista identificó además una carencia concreta: la ausencia de un área de retención provisional en la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, a diferencia del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Esa deficiencia, indicó, dificulta los traslados, aumenta la carga operativa de los organismos de custodia y contribuye a la congestión denunciada. También señaló que la provincia Santo Domingo registra una incidencia delictiva superior a otras demarcaciones, con altos niveles de violencia de género, robos y homicidios, un cuadro que refuerza la alerta sobre gestión, capacidad institucional y explicaciones pendientes ante una crisis con impacto ciudadano.