La expansión de la inteligencia artificial ha dejado de ser un debate abstracto y obliga a mirar una realidad concreta: detrás de cada servicio digital hay demanda de electricidad, agua, suelo, conectividad, centros de datos, talento técnico y marcos regulatorios. La presión sobre la infraestructura ya es visible a escala global. La Agencia Internacional de Energía estima que el consumo eléctrico de los centros de datos podría duplicarse hacia 2030, representar cerca del 3% de la demanda mundial y crecer alrededor de 15% anual entre 2024 y 2030, impulsado por la IA, la nube y los servicios digitales.
La discusión internacional también ha cambiado de eje. Ya no se trata solo de atraer centros de datos, sino de fiscalizar cómo operan, cuánta energía consumen, qué agua requieren, dónde se instalan y bajo qué estándares funcionan. América Latina entra a esa carrera con fuertes desigualdades: el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial 2025 indica que Brasil concentra más del 90% de la capacidad de cómputo regional, una señal de que la brecha no empieza en los algoritmos, sino en infraestructura, datos, talento y capacidad de adopción. En el mercado laboral, el estudio del Banco Mundial y la OIT añade otra alerta: entre 26% y 38% de los empleos de América Latina y el Caribe están expuestos a la IA generativa, pero solo entre 8% y 14% podrían ganar productividad, mientras hasta 17 millones enfrentan límites por brechas digitales e infraestructura insuficiente.
En República Dominicana, el punto de partida sigue siendo reducido. Data Center Map registra tres centros de datos en Santo Domingo, una escala pequeña frente a Brasil, México o Chile. Esa etapa inicial puede ser una oportunidad, pero también subraya la necesidad de definir condiciones antes de escalar, para evitar que el impulso digital quede en discurso mientras persisten rezagos en infraestructura y preparación. El propio diagnóstico apunta a que el desafío no es solo tecnológico, sino económico, ambiental y territorial, lo que vuelve indispensable una vigilancia más estricta sobre prioridades, capacidad real y reglas de desarrollo.