Julio César Castaños Guzmán sostuvo que el nuevo Código Penal representa una mejora frente al esquema anterior, en momentos en que la norma avanza rodeada de respaldo y de impugnaciones ante el Tribunal Constitucional por parte de varios sectores.
El planteamiento del jurista se produce a semanas de la entrada en vigencia del texto, cuya aplicación mantiene abierto el debate público sobre su alcance y sobre la consistencia de varios de sus artículos. La discusión no solo gira en torno a la valoración de fondo de la reforma, sino también a las consecuencias prácticas que tendrá en el sistema de justicia.
Las objeciones presentadas ante el Tribunal Constitucional muestran que, pese al respaldo que ha recibido, el nuevo Código Penal no ha logrado cerrar las dudas sobre su contenido. Ese escenario obliga a seguir de cerca cómo quedarán finalmente sus disposiciones y qué impacto tendrán en la labor de jueces, fiscales y defensores una vez comience su implementación.
En ese contexto, la afirmación de Castaños Guzmán se suma a una conversación más amplia sobre la necesidad de que una norma de este alcance no solo se apruebe, sino que también pueda aplicarse con claridad, seguridad jurídica y supervisión efectiva. El interés público está en que la transición no termine ampliando la incertidumbre en un sistema que ya enfrenta presión por resultados y confianza ciudadana.