La intervención realizada por la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) en el CCR-1 San Felipe, en Puerto Plata, volvió a colocar bajo escrutinio la capacidad de control dentro de los recintos penitenciarios. La institución informó que, tras una labor de inteligencia ejecutada el miércoles 16 de septiembre a la 1:00 de la tarde, fueron incautadas sustancias prohibidas y otros ilícitos, y se dispuso el traslado provisional de nueve privados de libertad a cinco centros del país.
Aunque la DGSPC presentó la medida como parte de su estrategia de combate a los ilícitos, el operativo dejó abierto un contraste incómodo entre el discurso de seguridad y lo que la propia requisa evidenció dentro del penal. En un video difundido en redes sociales, varios reclusos negaron haber incurrido en actos ilícitos y sostuvieron que el traslado buscaba perjudicarlos. Jeury Ortiz, alias «Maco Toro», aseguró que no les ocuparon ninguna arma, como supuestamente habían dicho las autoridades.
La tensión también se trasladó al exterior del recinto. Familiares de los internos permanecieron durante horas frente al centro para intentar impedir el traslado, alegando que los reclusos habían sido maltratados injustamente. En ese contexto, el caso no solo reabre preguntas sobre la presencia de sustancias controladas en prisión, sino también sobre las explicaciones pendientes alrededor del manejo del operativo y sus consecuencias inmediatas.