El apoyo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) a las gestiones del Gobierno frente al señalamiento de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) no borra el punto central: la República Dominicana quedó incluida en una investigación internacional sobre prácticas laborales en las cadenas de suministro, un escenario que obliga a mantener vigilancia y explicaciones oficiales.
El gremio empresarial afirmó que el anuncio del USTR no constituye una acción exclusiva contra el país, sino parte de un proceso más amplio que involucra a más de 60 naciones, y sostuvo que no se trata de una acusación directa contra la República Dominicana. Sin embargo, el caso conserva abierto un frente de revisión externa sobre un asunto sensible para la imagen institucional y comercial del país.
Conep también destacó que el Gobierno, en su papel de interlocutor ante las autoridades estadounidenses, ha sostenido un diálogo activo y continuo en coordinación con los sectores productivos, y reiteró su disposición de colaborar con información y acompañamiento. En su posición, la entidad insistió en que la República Dominicana ha demostrado durante años compromiso con los derechos laborales y con los estándares del comercio internacional, mientras el proceso obliga a dar seguimiento a la respuesta oficial y a sus resultados.