La Junta Central Electoral (JCE) y el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE) llevaron jornadas de servicios para personas adultas mayores a Loma de Cabrera, en Dajabón, y a Las Matas de Santa Cruz, en Montecristi, donde se tomaron datos biométricos para la posterior emisión y entrega de la nueva cédula de identidad y electoral.
La iniciativa se presentó como parte de las acciones de inclusión, pero también coloca sobre la mesa la necesidad de vigilar el proceso de renovación, que ya tiene una fecha límite fijada: el 1 de abril de 2027. Desde ese día, el plástico del formato viejo dejará de tener validez en todo el territorio nacional, lo que convierte estos operativos en una muestra de la presión institucional por llegar a poblaciones que necesitan atención específica.
Estos trabajos forman parte de iniciativas impulsadas por la Comisión de Políticas de Igualdad y Género, mediante la Mesa de Inclusión de la JCE, coordinada por la miembro titular del Pleno Dolores Fernández Sánchez, y se realizan junto con instituciones y organizaciones de la sociedad civil que trabajan con personas adultas mayores y personas con discapacidad. Esa articulación refuerza el componente ciudadano del proceso, aunque también subraya que la renovación requiere fiscalización y seguimiento para que el discurso de inclusión se traduzca en resultados efectivos antes del vencimiento legal.