La elevada cantidad de muertes vinculadas al uso de motocicletas vuelve a someter a escrutinio la capacidad del Estado para controlar el tránsito y proteger a la población. Si, como se plantea, el 70% de las fatalidades viales en República Dominicana está asociado a este medio de transporte, la permanencia de correctivos débiles solo prolongaría una crisis de seguridad vial con altos costos humanos y económicos.
A partir de ahí, gana fuerza la propuesta de detener por un tiempo la importación de ciclomotores de baja cilindrada, presentada como una salida extrema ante la falta de respuestas eficaces. El planteamiento se apoya en un cuadro descrito como de impunidad casi total, calles convertidas en tierra de nadie y un vacío de autoridad que ha dejado al Estado sin capacidad de contener una de las principales fuentes de siniestralidad.
Sin necesidad de llegar a una medida tan drástica, el debate deja al descubierto la ausencia de controles previos suficientes sobre quienes acceden a este tipo de vehículos. La discusión también remite a la debilidad institucional de la Digesett, señalada como incapaz de responder con sus actuales potestades, número de agentes y medios de desplazamiento. El resultado es un contraste cada vez más visible entre la obligación oficial de ordenar el tránsito y una realidad en la que siguen acumulándose víctimas, gastos para el Estado y una demanda pendiente de acciones contundentes.