En República Dominicana, la salud mental infantil ya figura como una señal de alarma institucional. De acuerdo con el módulo de Funcionamiento Infantil de la ENHOGAR 2025, alineado con estándares de la OMS y UNICEF, el 10.5% de los niños y niñas de 5 a 17 años presenta al menos una dificultad en algún ámbito del desarrollo o de las emociones. La cifra coloca en primer plano un costo social que rebasa el discurso y obliga a una vigilancia más estricta sobre la respuesta pública.
La dificultad más común es “mostrarse muy ansioso(a), nervioso(a) o preocupado(a)”, con una incidencia de 4.6% en la población infantil y adolescente evaluada. Después aparecen los problemas para “controlar el comportamiento”, con 2.4%, y los menores que dicen sentirse “muy tristes o deprimidos”, con 1.8%. El contraste resulta revelador: las dificultades emocionales y psicológicas superan con amplitud a variables físicas como la dificultad para caminar, que registra 0.7%.
La mayor concentración de menores afectados se registra en la región Ozama o Metropolitana, donde el indicador llega a 14.1%, mientras Cibao Noroeste reporta 4.5%. Esa brecha territorial refuerza la necesidad de fiscalizar si las prioridades públicas están respondiendo al deterioro real que viven las familias, sobre todo en los entornos urbanos, donde la presión social golpea con más fuerza.
El informe también advierte deficiencias alarmantes en los dispositivos de asistencia médica, un punto que agrava el cuadro y hace más evidente la distancia entre la magnitud del problema y la capacidad de respuesta. Cuando la ansiedad encabeza las dificultades funcionales en la niñez, ya no se trata de una estadística aislada, sino de una advertencia sobre desgaste de gestión, servicios insuficientes y una deuda pendiente con la infancia que exige rendición de cuentas en lugar de complacencia.