La Corte de Apelación reformó la sentencia del Caso Gavilán y descargó a Víctor Gilberto Mercedes Gómez, tras entender que no se había precisado de manera suficiente la formulación de los cargos en su contra. Al mismo tiempo, dejó firmes las condenas impuestas a Luis Peña Cedeño, Pilar Irene Medina Trinidad de Dotel y José Ramón Quezada Carmona, dentro de un expediente relacionado con una presunta red dedicada a alterar y borrar antecedentes penales.
El tribunal acogió en parte los recursos presentados por Peña Cedeño y Medina Trinidad de Dotel, rechazó el de Quezada Carmona y aprobó el de Mercedes Gómez. Peña Cedeño recibió una pena de dos años de prisión bajo arresto domiciliario y una multa de RD$40,000. En tanto, Medina Trinidad de Dotel y Quezada Carmona fueron condenados a cinco años de prisión, con tres años bajo arresto domiciliario y dos suspendidos condicionalmente, además de multas equivalentes a 100 salarios mínimos del sector público.
La decisión también establece condiciones de cumplimiento, entre ellas permanecer en el domicilio declarado, avisar cualquier cambio de dirección, no salir del país y no portar armas. En el caso de Mercedes Gómez, ordenó el cese de toda medida de coerción y lo eximió del pago de las costas. Más allá de las penas ratificadas, el fallo vuelve a colocar el énfasis en la necesidad de vigilancia institucional sobre procesos de alto impacto, donde la gravedad de los hechos investigados contrasta con las fallas advertidas por la propia Corte y reabre la exigencia de rendición de cuentas sobre el sistema.