La crisis vial que sacude a República Dominicana vuelve a poner en cuestión la capacidad de respuesta oficial. En lo que va de 2026, los accidentes de tránsito han provocado 893 fallecidos y más de 30,800 lesionados, en un panorama que ya se describe como una crisis de salud pública por su efecto en las calles y en los hospitales del país.
Ante ese balance, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) plantea agilizar la licencia por puntos, automatizar multas y reforzar sanciones. Aun así, el propio diagnóstico institucional expone un problema que se ha ido profundizando con el tiempo: el exceso de velocidad, la distracción al volante, el consumo de alcohol y la falta de cascos protectores siguen entre las principales causas de tragedias que, según Joel Gnecco Gross, en su mayoría pueden evitarse.
La situación más crítica está en las motocicletas. Al cierre de 2025, el parque vehicular llegó a 6.1 millones de unidades y el 57% corresponde a motocicletas, mientras menos del 10% de los motociclistas circula con un seguro vigente. El texto advierte que el crecimiento de este sector ha sobrepasado la capacidad de regulación y fiscalización del Estado. Frente a ese panorama, la identificación de «puntos negros», la reducción de los límites de velocidad en zonas urbanas y la mejora de la señalización aparecen como respuestas urgentes, pero también como prueba de que el problema acumuló un nivel de deterioro que exige resultados y rendición de cuentas, no solo nuevos anuncios.