Banreservas frenó, por ahora, la inmovilización de fondos de la Junta Central Electoral y con ello detuvo el embargo solicitado por Latin Events, LLC. Aun así, el expediente judicial que rodea al órgano electoral sigue abierto. De acuerdo con el comunicado de la propia JCE, el banco basó su negativa en la Ley 86-11 y en la sentencia 0048-2015 del Tribunal Constitucional, normas que impiden inmovilizar recursos públicos salvo que exista una decisión definitiva, situación que la institución afirma que todavía no se cumple.
La Junta informó, además, que presentó de manera formal un recurso de apelación contra el auto dictado el 29 de junio de 2026 por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, que acogió una solicitud de homologación de sentencia extranjera impulsada por Latin Events. Ese recurso, fechado el 16 de julio de 2026, cita y emplaza a la empresa ante la Cámara de lo Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
En su respuesta, la JCE sostuvo que “no existe evidencia alguna” de aprobación ni autorización del Pleno ni del presidente de la institución para la adquisición de los presuntos servicios reclamados. La propia Junta presenta ese punto como una cuestión de debida contratación pública, mientras el caso deja bajo escrutinio los controles internos y la manera en que un conflicto de esta naturaleza termina afectando, aunque sea de forma tentativa, recursos de un órgano clave del Estado.