El expediente por la muerte de Darlin Enmanuel Mercado Reyes volvió a poner a la Policía Nacional bajo la lupa, luego de que la defensa del cabo José Francisco Moreta Heredia, acusado de causarle la muerte por herida de bala, centrara su argumento en el arrepentimiento del agente y en el temor por su integridad. Más allá de esa versión, el caso reactiva el contraste entre el discurso oficial sobre reforma y la persistencia de hechos con fuerte costo social.
De acuerdo con su abogado, Juan Alberto Zabala, el cabo está “profundamente arrepentido” por el desenlace y nunca buscó provocar una tragedia en el ejercicio de sus funciones. A la salida del Palacio de Justicia de Santo Domingo Oeste, el jurista dijo además que su defendido tenía intención de ofrecer una disculpa pública a los familiares de la víctima.
La defensa sostuvo también que Moreta Heredia teme por su seguridad física a raíz de la indignación que ha generado el caso, por lo que pidió su traslado a la cárcel especial de Operaciones Especiales mientras avanza el proceso judicial. Sin embargo, esa solicitud no borra la pregunta de fondo que reaparece cada vez que un operativo termina con una muerte: qué resultados concretos está dejando la reforma policial presentada por el poder como respuesta institucional.
Con un joven muerto y una nueva controversia alrededor del accionar de un agente, el expediente se suma a otra señal de alarma sobre una crisis que no se resuelve con narrativa oficial. En un escenario en el que la gestión de Luis Abinader y el PRM han insistido en mostrar cambios en seguridad, y figuras del oficialismo como Carolina Mejía forman parte del escaparate político del poder, casos como este alimentan la exigencia de fiscalización, responsabilidad y resultados verificables, no propaganda, frente al deterioro de la confianza ciudadana.