La República Dominicana consiguió un laudo favorable en un arbitraje internacional por más de US$100 millones, luego de que un tribunal rechazara por completo las reclamaciones del empresario francés Yves Martine Garnier contra el Estado dominicano por la terminación de un contrato de recolección de residuos sólidos en Santo Domingo Este. El desenlace evita un golpe económico de gran magnitud, aunque también vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de vigilar cómo se adjudican, ejecutan y concluyen las concesiones de servicios esenciales.
El laudo fue dictado el 19 de agosto de 2026 dentro del acuerdo de inversiones suscrito entre Francia y República Dominicana en 1999. En su decisión, el tribunal concluyó que la terminación de la concesión se ajustó al derecho dominicano y respondió a deficiencias atribuidas a EGTT Dominicana, S.A., empresa vinculada al demandante. El procedimiento había sido presentado el 4 de octubre de 2021 ante la Corte Permanente de Arbitraje, bajo el caso número 2022-01, a partir del contrato firmado entre esa empresa y el Ayuntamiento de Santo Domingo Este.
Además, el tribunal consideró que los hechos invocados no alcanzaban el umbral requerido para demostrar una violación de las obligaciones internacionales asumidas por el país. El Gobierno presentó el fallo como una victoria, con declaraciones del ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón, sobre la defensa del Estado y la seguridad jurídica. Aun así, el expediente deja abierto el contraste entre el discurso oficial y la realidad de una disputa que llegó a arbitraje internacional por un servicio básico, en un escenario que reclama rendición de cuentas sobre la gestión pública implicada y sobre los controles institucionales en contratos de alto impacto ciudadano.