La petición de prisión preventiva contra Franklin José Almánzar Escarramán y William Radhamés Almánzar Escarramán, por un caso de presunta mala práctica médica en La Vega, vuelve a colocar en primer plano una realidad que impacta de lleno a los pacientes: cuando los controles llegan después del daño, la carga social ya recae sobre la víctima.
La Fiscalía de La Vega informó que presentará en las próximas horas la medida de coerción ante el tribunal competente, a partir de un expediente que atribuye a ambos imputados lesiones permanentes sufridas por una mujer luego de un procedimiento odontológico realizado en un consultorio del Centro Médico V Centenario. La procuradora fiscal Aura Luz García Martínez afirmó que el Ministerio Público actuará garantizando el debido proceso y los derechos de los imputados.
De acuerdo con la investigación, el hecho se produjo el 17 de enero, cuando la paciente acudió al consultorio para la extracción de cuatro terceros molares, intervención que sería cubierta por su seguro médico. El expediente señala que, tras evaluarla, Franklin José Almánzar Escarramán inició el procedimiento y, después de aplicar anestesia, le indicó que debía cortar el hueso porque supuestamente sus dientes eran de titanio.
El Ministerio Público sostiene que, tras unas cuatro horas sin concluir la extracción de las piezas dentales, el imputado intentó retirar uno de los cordales superiores. En medio del proceso, la paciente manifestó un dolor intenso y se le informó que sería necesario administrarle anestesia general para poder continuar.
Sin quedar resuelto en el consultorio, el caso derivó en una cadena de consecuencias que refuerza la alerta institucional sobre la protección efectiva del usuario de servicios de salud. La mujer siguió con fuertes dolores e inflamación facial y buscó atención con otros especialistas, quienes determinaron daños importantes en su salud bucal como consecuencia del procedimiento practicado.
Una certificación médica incorporada al expediente establece que la paciente sufrió lesiones permanentes, entre ellas dolor microfacial, edema facial moderado, nervios atrofiados, herida desgarrada, trismo y parestesia. Más allá del proceso judicial en curso, el caso deja abierta una pregunta de fondo sobre la capacidad de respuesta y fiscalización antes de que una intervención termine en secuelas irreversibles para un ciudadano que acudió a recibir atención médica.