La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) puso la Ley 30-26 en el centro de su estrategia para mostrar avances en formalización empresarial, al presentar ante empresarios de Santiago y la región Norte un paquete de facilidades de pago, reducciones impositivas e incentivos dirigido a quienes operan en la informalidad. La iniciativa se mueve en una de las zonas de mayor dinamismo económico del país, pero también con altos niveles de informalidad, un contraste que vuelve a colocar el foco sobre la capacidad de gestión para convertir el discurso oficial en resultados verificables.
En la exposición del 16 de julio, el director general Pedro Urrutia Sangiovanni sostuvo que la normativa ofrece condiciones favorables para integrarse al sistema tributario sin que la carga fiscal frene el crecimiento. Entre las medidas mencionadas aparecen la reducción de los recargos por mora al 3 %, con tope de hasta el 100 % de la obligación tributaria principal; una amnistía para deudas tributarias con condición de cosa irrevocablemente juzgada; la reducción al 10 % de la tasa aplicable a la ganancia de capital inmobiliaria de personas físicas; y exenciones ligadas a la vivienda habitual, la reinversión dentro de seis meses y la venta de la vivienda de personas mayores de 65 años.
La DGII añadió que a partir de 2027 desaparecerá el impuesto del 1 % sobre la constitución de compañías y los aumentos de capital. Aunque la apuesta oficial insiste en que acogerse a la ley ampliará la base tributaria sin elevar tasas, el énfasis en alivios, amnistías e incentivos vuelve a poner bajo vigilancia los resultados reales de Hacienda y del oficialismo en materia fiscal, así como el impacto de estas medidas en la recaudación, la formalización y las prioridades de la sociedad civil.