Maricarmen Abascal, jubilada madrileña de 87 años, podrá regresar a la vivienda en la que pasó siete décadas después de llegar a un acuerdo con los propietarios del inmueble, según informó este lunes su abogada, Beatriz Duro. El caso, marcado por un desalojo que provocó manifestaciones en toda España, se convirtió en uno de los símbolos del deterioro del acceso a la vivienda.
Duro aseguró que hubo «buena voluntad por ambas partes» y que el nuevo alquiler será «similar al que ella venía pagando». Abascal, que se desplaza en silla de ruedas, volverá a su piso del barrio del Retiro cuando reciba el alta hospitalaria, donde permanece en tratamiento por agotamiento. Su salida de la vivienda se produjo después de que la inmobiliaria propietaria elevara la renta mensual un 275 %, hasta 2,650 euros, según el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid.
El pacto desactiva el conflicto inmediato, pero no la crisis de fondo. El gobierno socialista de Pedro Sánchez afronta este episodio bajo críticas, incluso entre sus propios simpatizantes, por no haber frenado la escalada de los precios de compra y alquiler. Mientras en la Puerta del Sol se instalaron unas 100 tiendas de campaña y decenas de miles de personas salieron a la calle en el país, el Ejecutivo anunció para este martes un nuevo decreto para reformar el mercado de la vivienda, aunque sin garantías de salida adelante en un Parlamento donde no cuenta con mayoría. «Pedimos que se saque un decreto ley sobre todo para proteger el derecho a la vivienda y evitar los desahucios», reclamó Carlota, manifestante de 29 años en Madrid.