La masacre perpetrada el 23 de agosto en Kenscoff, en las afueras de Puerto Príncipe, volvió a colocar bajo escrutinio la capacidad de las autoridades haitianas para proteger a la población frente al avance de las bandas armadas. La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió este viernes que el ataque, que dejó al menos 47 personas asesinadas y 22 heridas, confirma tanto el poder de estos grupos como la persistencia del flujo ilegal de armas y municiones que sostiene la violencia.
El cuadro descrito por Naciones Unidas profundiza el contraste entre las medidas anunciadas y el resultado observable sobre el terreno. Solo entre abril y junio, el organismo registró 1,408 muertos y 656 heridos por violencia vinculada a las bandas armadas, además de 326 víctimas de violencia sexual en ese mismo período. La ONU alertó que la cifra real podría ser considerablemente mayor por el miedo a represalias, el estigma social, las trabas para acceder a servicios de atención y la falta de confianza en la Policía.
Según el organismo, la disponibilidad de armamento es un factor decisivo para que las bandas mantengan y amplíen su control territorial. Incluso después de la masacre de Kenscoff, otra banda que opera en Puerto Príncipe aparentemente exhibió en redes sociales un nuevo cargamento de armas procedente del extranjero, pese al embargo impuesto por Naciones Unidas a Haití desde 2022. Ante ese deterioro, el alto comisionado Volker Türk reclamó a las autoridades haitianas reforzar la protección de los civiles y garantizar investigaciones independientes e imparciales sobre las violaciones y abusos cometidos.