Este viernes, Nueva York aprobará un paquete de leyes que recortará la actuación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en escuelas, iglesias, tribunales y centros comunitarios, donde solo podrá intervenir si exhibe una orden judicial de arresto. La norma, firmada por la gobernadora Kathy Hochul, surge en medio de denuncias por «abuso de poder flagrante» y coloca en primer plano la necesidad de controles institucionales sobre operativos que afectan de lleno a comunidades inmigrantes.
Además, la legislación veta por completo el uso de máscaras o pasamontañas por parte de los agentes de la ley en el estado. Hochul afirmó que ICE recurre al rostro cubierto sin justificación técnica y con la intención de «intimidar y amenazar a la población», en contraste con otras agencias federales como el FBI o la DEA. El anuncio se hizo junto a líderes religiosos, activistas de Make the Road NY y familias afectadas por detenciones y deportaciones, en una muestra del peso que ha tenido la presión social frente a los efectos de estas prácticas.
El paquete legal también elimina los convenios 287(g), que delegaban funciones migratorias a policías locales. Con esto, el estado busca apartar a las fuerzas locales de tareas civiles de inmigración y responder a una escalada de tensión con las directrices de la administración de Donald Trump, descritas por Hochul como «crueles». El giro legal refuerza una alerta institucional: sin vigilancia y límites claros, la política migratoria termina trasladando su costo social a escuelas, templos y comunidades.