La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó que el nuevo reglamento del Registro de Proveedores del Estado (RPE), identificado como DGCP-SNCP 01-2026 y con entrada en vigencia el 20 de agosto, busca enfrentar distorsiones, irregularidades y malas prácticas arrastradas durante años en el sistema de compras públicas. La propia institución sostiene que la disposición procura cerrar el paso a sociedades que registraban una cantidad excesiva y no estandarizada de actividades económicas para competir en múltiples procesos sin relación con su experiencia, capacidad operativa o actividad principal.
Según la DGCP, el cambio obliga a que las actividades inscritas en el RPE coincidan estrictamente con las actividades económicas declaradas ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Aunque el organismo asegura que la norma no limita el crecimiento de las empresas ni su expansión comercial, el anuncio también pone en evidencia la magnitud de las fallas que el Estado permitió durante años dentro de un área sensible para el uso de recursos públicos.
La entidad defiende que la especialización de los proveedores es clave para una competencia más justa y para elevar la calidad de los bienes y servicios contratados. En ese contexto, el nuevo reglamento queda planteado no solo como una promesa de orden, sino como una prueba para verificar si el sistema de compras públicas pasa del discurso de transparencia a una fiscalización capaz de reducir los riesgos operativos, jurídicos y financieros que la propia DGCP reconoce en la historia de las contrataciones públicas.